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Libertad Religiosa - Vida pública y creyentes

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En el derecho de la Iglesia Católica, cuando un sacerdote acepta su designación como Obispo asume graves obligaciones y responsabilidades. Debe mostrarse solícito con los fieles católicos que se le confían, preocuparse de las obras de caridad en su diócesis, ha de fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas, ha de promover la santidad de todos los fieles, etc. También comporta un conjunto de renuncias que el nuevo Obispo asume voluntariamente: en la ceremonia de ordenación episcopal se le pide al candidato que se consagre hasta la muerte al ministerio episcopal. El candidato a Obispo anteriormente renunció a formar una familia o a ejercer otra profesión distinta mejor remunerada, se comprometió a vivir con pobreza ejemplar, etc.

Pero entre las obligaciones que un Obispo libremente asume no está la de renunciar ante la sociedad civil a expresar su opinión en los asuntos de interés público. Ni el derecho de la Iglesia le impone esa obligación, ni mucho menos el ordenamiento civil.

Viene a cuento esta cuestión con motivo de la celebración litúrgica en la Plaza de Colón de Madrid el 30 de diciembre y posteriormente a raíz de la Nota publicada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española el 30 de enero ante las próximas Elecciones Generales. En ambos casos se han levantado muchas voces protestando por lo que consideran una ilegítima intromisión de los Obispos en asuntos políticos.

Opino que en ambos casos los Obispos no han hablado de política. Pero si así hubiera ocurrido, ¿cómo puede haber alguien que les critique por ello? En un Estado de derecho se debe garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la libertad de expresión (art. 20, 1, a, de la Constitución Española). Sería una grave intolerancia que los poderes públicos no garantizaran este derecho a unos ciudadanos por el mero hecho de que estos ciudadanos usan báculo y mitra. Sin embargo, observamos que estos días ante un ejercicio de la libertad de expresión de los obispos ha habido amenazas (como “tomar un caldito con el nuncio” o “denunciar los acuerdos Iglesia Estado”), insultos (algún ministro ha llamado “integristas” y “fanáticos” a los obispos, otros políticos les han llamado “hipócritas”, un diputado afirmó que son el “brazo armado” de otro partido político) o faltas de respeto evidentes (considerando “actitud belicosa” a la nota del episcopado). Incluso se ha llegado a amenazar con la limitación del ejercicio de la libertad religiosa (se ha pedido “disolver esa cosa llamada Conferencia Episcopal” o prohibir las Misas el 8 y 9 de marzo; en este último caso era tan evidente que la petición es contraria a los derechos humanos más elementales, que el interesado debió matizar su postura).

En un Estado plural nadie está obligado a pensar del mismo modo que los Obispos. Y en una sociedad respetuosa y tolerante se debe garantizar a los Obispos y a cualquier otro ciudadano la libertad de opinar y expresar su opinión. Lo que no se puede admitir es que se reaccione con insultos y amenazas a unos ciudadanos porque ejercen su derecho a opinar, sean estos Obispos o tengan otra profesión. Poco aprecio por la tolerancia demuestran quienes insultan o amenazan a los Obispos por el mero hecho de hablar.

En un Estado plural se escucha a los demás, y quien no esté de acuerdo con las apreciaciones de otro responde con argumentos, no con insultos o amenazas. Pero se respeta su derecho a hablar.

Los ciudadanos católicos irán a las urnas el próximo 9 de marzo en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. En el momento de decidir su voto, los que lo estimen conveniente habrán tenido en cuenta las indicaciones de la nota de los Obispos. En una sociedad democrática nadie podrá criticarles por ello: los votantes son libres de leer los documentos de los Obispos o de quien quieran para tomar la decisión de su voto.

Pero como ya indiqué, pienso que los Obispos no han hablado de política. Estos días otros ciudadanos han pedido el voto para los colores políticos de sus preferencias: así, Mansur Escudero, presidente de la Junta Islámica, ha reclamado a los ciudadanos que voten «a partidos progresistas, porque defienden mejor un Estado auténticamente laico». También varios artistas han formado la plataforma PAZ (Plataforma de Apoyo a Zapatero). Comparemos estas manifestaciones con la indicación más controvertida que han aprobado los Obispos: «una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político» (Nota, n. 8). Cualquiera puede leer la Nota y comprobará que no entra a juzgar los diferentes partidos políticos. Sorprendentemente quienes han criticado a los Obispos han callado ante las recomendaciones de Escudero o esos artistas que suponen una incursión bastante más explícita en el terreno político.

Estemos de acuerdo con los Obispos o no, felicitémosles: han sido valientes para expresar su opinión. Su actitud demuestra una independencia de criterio que siempre beneficia a la sociedad.

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