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Libertad Religiosa - Vida pública y creyentes

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Entre los cambios recientes de España está la relación entre cristianismo y sociedad. La aconfesionalidad del Estado, la ley de libertad religiosa y la aparición de otros grupos culturales o religiosos no cristianos invitan a repensar esa relación en los aspectos teóricos y en las realizaciones prácticas. Ante torbellinos de ambigüedades y complicidades es esencial definir y diferenciar sociedad, Estado, gobierno. Lo primero son los ciudadanos que expresan de formas diversas su voluntad y la primera responsabilidad de un gobierno es el reconocimiento de esa voluntad de los ciudadanos.

Una tarea primordial es la de clarificar la relación entre ser ciudadano y ser religioso; entre ciudadanía y cristianía. Digo cristianía para designar el ser cristiano en conciencia y libertad, la personalización de la fe por cada creyente además del hecho histórico o dogmático del cristianismo; y del hecho comunitario de la cristiandad o iglesia. No hay un modelo de ciudadanía que el Estado o el gobierno tengan el derecho de imponer y a partir del cual juzgar y valorar a los miembros de la sociedad. Esa fue siempre la pretensión del absolutismo. Esto significa que la primera categoría de la que hay que partir es la de libertad de los ciudadanos, que configuran su vida personal, su ciudadanía y su participación política desde las propias convicciones. No se les puede imponer ni privilegiar un modelo de ciudadanía sino que cada uno debe decidir la suya. Ese es el sentido del «atrévete a saber» de la Ilustración.

Congreso de los Diputados (España)En el punto de partida de la comprensión de la ciudadanía no puede estar ninguna categoría política, ideológica o religiosa sino sencillamente la libertad del ciudadano. La categoría primera es la libertad positiva no la laicidad negativa. En algunos medios hispánicos se parte hoy del hecho de que la dimensión religiosa de la existencia es algo adveniente y secundario respecto de la vida humana verdadera, que habría que justificar, ya que lo único natural sería la increencia. Esta tendría la primacía, y ante ella tendría que defenderse y legitimarse el creyente. Tal actitud es una negación de la libertad democrática. Un Estado realmente aconfesional no puede otorgar primacía a la comprensión atea o agnóstica, obligando a la comprensión religiosa a medirse y traducirse en los términos de aquella. Tal falta de simetría entre el creyente y el no creyente es una violencia, que ningún Gobierno democrático puede ejercer.

Creer o no creer son dos implantaciones radicales y primarias en la existencia. Ninguna de las dos tiene primacía o plusvalía civil. Cuando una de ellas se erige en juez que dicta a la otra sus deberes, está ejerciendo violencia social o institucional. Las propuestas cristianas son a veces rechazadas hoy con la afirmación de que son religiosas y de que en una sociedad aconfesional lo religioso no cuenta. Tal afirmación implica tres presupuestos falsos, con los cuales se está intimidando a los cristianos. El primero consiste en considerar a la religión como resto arcaico, fase superada de la historia humana o, lo que es peor, una neurosis infantil, un platonismo para el pueblo ignorante, una alienación de la vida humana. Aquí tenemos alquitarada la crítica moderna de la religión desde Feuerbach, Marx y Nietzsche hasta Freud, servida en platos ligeros por los Onfray hispánicos de turno. Ahora bien, la religión no es una fase de la historia sino una estructura de la conciencia, generada por una razón ejercida en libertad y, a su vez, generadora de libertad y de conciencia crítica. Vivida en autenticidad crea ciudadanos responsables y solidarios, creadores de realidades históricas y no solo de esperanza escatológica.

El segundo presupuesto es que en una sociedad democrática la religión es un asunto exclusivamente privado, sin relevancia pública. Esto no es verdad. La religión, como todo lo personal, es vivida por ciudadanos en el ejercicio de su libertad, en privado y en público, en el orden social y en el político, que ni imponen ni se dejan imponer. Reclamar que rayen de su conciencia y expresión pública su condición de cristianos a la hora de pensar, votar y decidir políticamente, es la expresión más incisiva de una negación de derechos humanos fundamentales.

El tercer presupuesto es que la religión es fundamentalismo, y que en la historia ha sido la fuente de males, negación de libertad y causa de muerte. Frente a la fe, la razón ilustrada aparece como la gran inocente y liberadora. La primera sería signo de Inquisición, la segunda de Liberación. ¿Por qué no nos preguntamos por los 150 millones de muertos en las guerras de Europa desde 1914 hasta la de los Balcanes? ¿Las ha inspirado la religión o una razón moderna, que se absolutiza a sí misma, negando todo límite al poder del hombre? G. Steiner ha preguntado cómo responde la Ilustración a esos millones, caídos dice él, «A la sombra de las luces». La razón moderna tiene también que hacer memoria de sus víctimas, confesar sus culpas, dejando de exculparse a sí misma y de inculpar a los demás. No es buen camino hacia la paz buscar siempre un culpable, convirtiendo al otro en verdugo para hacernos nosotros las víctimas. Benedicto XVI ha hecho lema de su ministerio instaurar públicamente alianza entre Ilustración y Evangelio y sería bello que también quienes se saben hijos sólo de la Ilustración dejaran de esperar el fin de la religión. Kant afirmaba: «Una religión que sin escrúpulos declara la guerra a la razón a la larga no se sostendrá contra ella». La inversa vale igualmente: «Una razón que sin escrúpulos declara la guerra a la religión a la larga no se sostendrá contra ella».

También ante los problemas prácticos en España hay que diferenciar tres niveles. El primero es Iglesia-sociedad, a pie de tierra, en ciudades, pueblos e instituciones de España. En este sentido la relación es buena, cordial, cooperadora, más allá de los partidos porque en ese nivel lo importante son las personas y no las ideologías. El segundo nivel es la relación Estado español-Vaticano. Aquí tampoco hay problema real. Rigen unos Acuerdos entre ambos, que pueden ser denunciados por el Gobierno. La Iglesia conoce múltiples formas de relación con los Estados y nada más lejos de ella que empeñarse en mantener una en España. Diga por tanto el Gobierno si quiere denunciarlos, y no vaya a buscar en Roma soluciones a problemas que son de aquí, porque sería pedir cotufas en el golfo. El tercer nivel es Gobierno del PSOE y la Jerarquía católica en España. Aquí hay reales problemas, ya que propuestas concretas de aquel chocan con convicciones constituyentes de los ciudadanos católicos, tal como se definen en los textos normativos por los órganos de autoridad, y no en las particulares expresiones de algunos cristianos. Se trata de ciudadanos con todos sus derechos, que como los demás se expresan libremente. No es verdad que haya un choque permanente entre iglesia y sociedad. Esto es falso y repetirlo es una ofensa para ambas.

La clarificación y eliminación de ambigüedades en las palabras es la primera obligación al tratar temas como ciudadanía, laicidad, autonomía, eutanasia, aborto (que es algo mucho más grave que la interrupción del embarazo). Superar la perversión del lenguaje, redimiendo las palabras, es nuestro primer deber, si queremos existir en la verdad, realizar la libertad y conjugar en concordia ciudadanía y cristianía.

Fuente: Diario Abc, Madrid 27 de febrero de 2009

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