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Libertad Religiosa - Noticias de 2008

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Un sacerdote católico ha sido condenado en febrero de 2008 por el tribunal de Orán, a 400 kilómetros de Argelia, a un año de cárcel, por haber «dirigido una ceremonia religiosa en un lugar que no ha sido reconocido por el gobierno». El padre Pierre Wallez es la primera víctima de la ley aprobada en marzo de 2006 «sobre el ejercicio de las prácticas de culto no musulmán», en este país norteafricano de 33 millones de habitantes, en un 99% musulmanes.

Hablando a los micrófonos de «Radio Vaticano», el arzobispo de Argel, monseñor Henri Antoine Marie Teissier, ha explicado que «lo más sorprendente es que la condena ha sido emitida simplemente porque el sacerdote visitó a un grupo de cristianos de Camerún. No había celebrado misa, sino que sólo recitó junto a ellos una oración. Era el 29 de diciembre, poco después de Navidad». El obispo aclara que no se ha aplicado la condena del año de cárcel contra el sacerdote, pues el tribunal ha decidido dejarle en situación de libertad condicional. «Obviamente todos nosotros estamos muy impactados por la decisión que se ha tomado contra nuestro hermano»¸ confiesa monseñor Teissier.

Según informa el diario Avvenire, junto al padre Wallez, de origen francés, también ha sido condenado a una pena más dura (dos años sin libertad condicional) un joven médico musulmán por haber utilizado medicinas «pagadas por Cáritas», afirman fuentes del arzobispado de Argel.

Las autoridades «rechazan sistemáticamente los visados de entrada para nuestros huéspedes -aclara el arzobispado- y en noviembre se retiró el permiso de residencia a cuatro jóvenes sacerdotes brasileños que trabajaban con los inmigrantes africanos de lengua portuguesa».

En Argelia, el Islam es la religión de Estado, y la libertad de culto está garantizada por la Constitución. La nueva ley de culto buscaba sobre todo controlar a grupos proselitistas evangélicos clandestinos, que como explica monseñor Tessier «han hecho algo de ruido por la conversión de algunos fieles». La ley, compuesta de 17 artículos, prohíbe el ejercicio del culto islámico fuera de los edificios aprobados por las autoridades.

Un artículo prevé una multa de entre 500.000 y un millón de dinares (de 5 a 10 mil euros) y entre dos y cinco años de cárcel contra «quien cambie la función originaria de los lugares de culto» o «incite, obligue o utilice medios persuasivos para obligar a un musulmán a abrazar otra religión». Las mismas penas se aplican también contra quien «produce, almacena o distribuye publicaciones o material audio y vídeo u otros medios orientados a minar la fe en el Islam».

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