Un Estado laico es verdaderamente democrático si valora la libertad religiosa como un elemento fundamental del bien común, plenamente digno de respeto y de protección. El bienestar de los ciudadanos exige que puedan profesar y practicar la religión que en conciencia les parezca más conveniente, o bien dejar de practicarla. El Estado no ha de intervenir ni a favor ni en contra de las posibles opciones, salvo que bajo la apariencia de religión se esté actuando en contra de las leyes justas y de las exigencias de orden público.
La aconfesionalidad del Estado implica aprecio por la libertad religiosa, protección y favorecimiento de su ejercicio como parte primordial del bien común y de los derechos civiles de los ciudadanos. El aprecio a la libertad religiosa implica extender esta valoración positiva a las instituciones religiosas presentes en la sociedad, al derecho de los padres a que sus hijos se eduquen de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, a la legítima aspiración de los creyentes por disfrutar de unos medios de comunicación respetuosos con los contenidos de su fe.
La política democrática sólo es verdaderamente aconfesional cuando considera que la presencia y la influencia de la religión en la vida de los ciudadanos y en el patrimonio cultural de la sociedad contribuye al bien y a la felicidad de las personas, a la consistencia moral y a la estabilidad de la sociedad. Por el contrario, si se gobierna desde el prejuicio antirreligioso, si se actúa políticamente desde la fobia hacia las expresiones religiosas del catolicismo y de otras religiones, no se practica la aconfesionalidad sino su contrario: el adoctrinamiento más o menos sutil en el ateísmo y en el laicismo.
Si hay aprecio por la libertad religiosa, la laicidad del Estado permite totalmente apoyar con dinero público el ejercicio de la libertad religiosa y subvencionar a las instituciones religiosas de forma proporcionada a su implantación en la sociedad y a su correspondiente significación en la historia y cultura del pueblo. Es justo que el dinero de los contribuyentes se administre con respeto a sus convicciones y nunca en contra de ellas. En nuestros días, los Obispos vemos con preocupación cómo en España se busca generar menosprecio e intolerancia hacia la libertad religiosa de los católicos. Hay formaciones políticas, partidos y medios de comunicación que actúan de modo expreso y declarado en contra de la religión católica.
Por mucho que se presenten como pensamientos éticos rigurosos, y como informadores objetivos, no les importa nada que sus ofensivas ataquen a personas concretas, a sus derechos fundamentales, al respeto a su trabajo, a su buen nombre e incluso a su honorabilidad. Parecen reconfortarse con aquello de “calumnia, que algo queda” y vulneran el código más elemental de civilización humana: trata a los demás como te gustaría ser tratado.
El aprecio a la libertad religiosa implica también favorecer la colaboración cívica. ¡Cuánto se adelanta cuando los gobiernos en lugar de zaherir las convicciones de los católicos y de los demás creyentes, hacen causa común con ellos para favorecer la dignidad humana, el futuro y la calidad de vida de los jóvenes, la defensa de la vida de los más débiles y vulnerables, la mejora de los centros educativos y de las universidades, el respeto hacia las mujeres y la plena igualdad de sus derechos, el rechazo de la violencia en todos sus ámbitos, la erradicación del terrorismo y del belicismo, la humanización y la eficacia de los centros sanitarios y hospitalarios, la integración de los emigrantes y de las familias con economías más precarias!
Sin educación moral de los ciudadanos, la democracia se hace imposible. La Iglesia Católica favorece la educación moral porque no se queda en discusiones abstractas sobre las obligaciones con respecto a los demás, sino que cuenta con la ayuda de Dios y de la fraternidad que Él crea entre sus hijos e hijas, para hacer crecer a las personas en el amor, tanto conyugal y familiar, como al prójimo y al necesitado.
Es urgente la colaboración de todas las instituciones, incluidas las familias, las escuelas y las universidades, para mejorar la calidad de la enseñanza y de la educación moral de la juventud. Pero, el poder político no es fuente de la moral. Cuando pretende serlo, se convierte en tiranía. El poder político ha de respetar los principios morales basados en la razón. El mejor gobierno aprecia lo mucho que contribuye la libertad religiosa a la verdadera felicidad de las personas y al bien común.
Con mi bendición y afecto.
Monseñor Agustín García Gasco es Arzobispo de Valencia (España).
Carta semanal del Arzobispo, de fecha 2 de junio de 2007